Actualmente existe un problema con la vivienda en las grandes ciudades españolas.
Por un lado, el incremento de los tipos de interés ha supuesto que el acceso a la vivienda suponga un esfuerzo económico gigante para las familias.
Por otro, el intento de control del alquiler no ha hecho sino encarecer el coste del arrendamiento.
A pesar de que el número de transacciones en las ciudades se ha reducido a la mitad, el precio de la vivienda sigue sin bajar de forma significativa.
La causa principal es la falta de suelo finalista, que ha provocado que los desarrolladores no puedan ofrecer producto en el mercado.
El gobierno se ha propuesto en esta legislatura consagrar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar. Los dos retos que hay sobre la mesa son:
- la construcción de nuevas viviendas y
- la reducción del IPC.
Madrid recibe cada año 50.000 nuevos habitantes y el 70% de su suelo urbanizable está paralizado. Para atajar el problema, la CAM ha anunciado entre otras medidas:
- aprobar el incremento del 35% del precio del módulo de vivienda protegida
- aprobar medidas para agilizar y simplificar la tramitación de los planes (Plan Ómnibus).
- la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras va a disponer de 3.089 millones de euros, un 38,8% más que en 2022.
A priori, nunca antes de habían dado unas condiciones tan favorables para desarrollar esos suelos que parecen estar estancados. Es el momento de impulsarlos porque, si hay una oportunidad para ello, esa es ahora.
La demanda de suelo por parte de los desarrolladores está en máximos históricos.
